La seguridad ciudadana, nuevo paradigma de los Derechos Humanos

Cae de maduro que la seguridad es un derecho humano, condición necesaria para el funcionamiento de la sociedad y uno de los principales criterios para asegurar la calidad de vida digna. Las personas tienen la necesidad de buscar seguridad dado que son extremadamente vulnerables, es decir, muy susceptibles de ser heridas física o moralmente. Esta realidad es indiscutible y el hecho que siempre haya sido así y que siempre lo será, explica por sí misma el porqué de la seguridad. Los responsables de satisfacer esta necesidad objetiva de seguridad son las mismas personas y la comunidad en que están inmersos.

Buscar seguridad no es más que reducir los niveles de vulnerabilidad de las personas frente a las diferentes amenazas y peligros que se pueden identificar; prever la evolución del futuro con el objetivo de evitar aquello que históricamente nos ha amenazado y puesto en peligro la vida y/o libertad. Las amenazas y peligros sobre las personas, las fuentes de inseguridad, son diversas; a veces comunes a todo individuo o comunidad, a veces particulares sobre determinados lugares o grupos de personas o colectivos.

Las amenazas a la seguridad son multidimensionales y afectan a diversas áreas de la vida: la económica, la social, la medioambiental, la militar, la ética y derechos humanos. Las características de estas amenazas nos hacen pensar que la búsqueda de seguridad debe ser un esfuerzo colectivo en el que todas las personas y unidades políticas deben participar. En este sentido, ya que la seguridad es un pre requisito básico para que las personas puedan satisfacer sus necesidades básicas y desarrollar sus potencialidades como seres humanos, se ha constituido como un derecho humano exigible; como tal obliga éticamente a las personas a ofrecer seguridad sobre los demás. En cuanto a derecho humano es irremediablemente, también una obligación humana y de los estados.

El comportamiento estadístico de los delitos violentos y en concreto, de los asesinatos perpetuados por la delincuencia, es un indicador relevante para ilustrar el nivel de violación a este derecho en Argentina. Se trata, sin duda alguna, de uno de los principales problemas del país y así lo reflejan los principales estudios de opinión como son las encuestas, que deja en claro que no es una sensación como esgrime el gobierno sino una preocupación constante de los ciudadanos que pone en jaque al más importante de los derechos humanos, la vida, que sin esta no podríamos desarrollar los demás derechos.

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En cuanto al derecho a la seguridad, el estado es quien debe adoptar medidas a través de los cuerpos de seguridad, el aparato de administración de justicia y los demás órganos del estado, concretos y eficaces para reducir la delincuencia contra las personas y los bienes jurídicos tutelados por la ley. Pero estas medidas no pueden ser contrarias a otros derechos humanos, sino por el contrario deben ser consistente con ellos. Ninguna política para garantizar el derecho humano a la seguridad será efectiva si implica la restricción o violación permanente de otros derechos. La frustración por la inseguridad y la impunidad han desembocado en una exigencia social de esa en nuestro país.

La seguridad ciudadana un derecho humano. La seguridad ciudadana es un tema que concita la atención actual. Casi todas las plataformas políticas han sentado sus bases de proyección en función a este tema; pero esto no es un tema que se proyecta sólo en este tiempo, este tema tiene ya sus bases fundamentales desde los inicios de la existencia del hombre sobre la tierra. Se consideraba la seguridad como una condición inherente a la vida del ser humano, un privilegio como elemento fundamental para su desarrollo físico y social.

Todos sabemos que desde los inicios de la aparición del hombre sobre la faz de la tierra ya buscaba el grupo, la reunión, para poder preservarse de los elementos naturales, de las fieras, aún en las cavernas, en los clanes ya buscaba la seguridad como medio fundamental para su supervivencia. De esta manera ya se fueron visualizando las primeras bases de los liderazgos, ya empezaba a nacer el sentido del orden, de reconocimiento y de la convivencia integral. Empezábamos a notar como humanos en ese tiempo, que la seguridad era sinónimo de organización, de responsabilidad, de solidaridad, que generalmente los grupos humanos fuimos desarrollando.

Conforme crecen las ciudades, conforme crecen las necesidades de seguridad, es que se empiezan a formar las organizaciones más complejas, con mejor infraestructura, mayor exposición de acciones directas para mantener la tranquilidad y el orden dentro de estas comunidades. Es en este contexto, que se empiezan a formar los primeros seres con su preocupación fundamental de alertar a las comunidades cuando se presentaba algo que iba a interrumpir su sueño, su descanso o su trabajo normal y se comenzaron a formar las guardias, las milicias, las organizaciones policiales y desde ahí se identifica la acción policial por la acción represiva de la actitud delincuencial.

Desde allí empezamos a actuar previniendo la acción delincuencial porque interrumpía el desarrollo normal de las actividades de las comunidades. Es por eso que se empiezan a perfilar las nuevas políticas que tienen en consideración que los gobiernos deben enfrentar a la delincuencia como una prioridad para alcanzar niveles de tranquilidad y allí la policía empieza a especializarse, comienza a delinear nuevas estrategias para poder solventar esos espacios de intranquilidad. Empezamos a darnos cuenta de que con tranquilidad y sin delincuencia las ciudades necesariamente tienden a ser más seguras y una ciudad más segura aumenta rápidamente su desarrollo hacia el logro de sus objetivos más especiales.

Por eso podríamos entender que la seguridad ciudadana es una situación de normalidad en la que la comunidad desarrolla sus actividades dentro de un contexto de orden, paz y tranquilidad y en un marco de equilibrio social y legal. La sociedad actual está
inmersa en un proceso de cambios profundos que influyen notablemente en las relaciones interpersonales, trayendo resultados negativos tanto en el desarrollo individual, como en el social. Uno de ellos es el crecimiento del delito. Estas mutaciones se encuentran en relación con la evolución tecnológica, los fenómenos migratorios, los cambios económicos, los medios de comunicación y el crecimiento desordenado en las ciudades, con el lógico impacto que trae ello en los comportamientos sociales.

La vida ciudadana se transforma de este modo en insegura, surgen nuevos modos de agresión por parte de los delincuentes, los cuales son cada vez más precoces. Los ilícitos son efectuados mediante la utilización de técnicas y procedimientos modernos y las asociaciones delictivas están cada vez mejor organizadas. Al innegable auge de la delincuencia, los medios de comunicación le dan gran difusión y ello provoca una reacción en la opinión pública que muchas veces se ve reflejada en una legislación de emergencia en materia penal, generalmente aumento de penas, que no es realizada teniendo presente una política criminológica coherente. La política criminológica no puede ser aislada o indiferente de una política social.

Los programas y políticas sobre el delito tienen que estar relacionados con los procesos sociales, históricos y económicos del país. Hoy en día presenciamos una verdadera ruptura del tejido social y esta situación exige que como sociedad actuemos más sobre las causas mediante la prevención del delito, que sobre los efectos, echando mano a la represión, aunque esta última también sea necesaria. Cotidianamente asistimos casi resignadamente a una lucha de ciudadanos contra ciudadanos, en la que ya no existen códigos, quizás por la aparición de nuevos problemas como el de las drogas que aflojan los frenos inhibitorios y producen delitos notoriamente aberrantes.

Influyen también en el aumento de hechos ilícitos, circunstancias tales como la pobreza extrema, la falta de educación, la inexistencia de puestos de trabajo y la crisis de la familia como pilar fundamental de la sociedad. No debemos olvidarnos que compete al estado garantizar la seguridad de los ciudadanos, custodiando el respeto de la persona y de sus derechos, asegurando la plena vigencia de la libertad. Es por eso que, lograr conciliar libertad con seguridad es un desafío de la democracia. Con este fin, el estado debe proteger a las personas que se encuentran bajo su jurisdicción de las injerencias arbitrarias de otros ciudadanos o de funcionarios públicos.

El problema de la ola delictiva actual que perturba a la tranquilidad colectiva lo destaca Kent quien expresa que la actual inseguridad e impunidad se abrazan de modo procaz, frente a los ciudadanos atónitos y desguarnecidos quienes, inertes y desamparados, no saben ya qué hacer para evadirse de la violencia que se les impone casi como única respuesta. Honduras está viviendo una profunda crisis de seguridad ciudadana, la cual más allá de las estadísticas que ofrecen los gobiernos de turno, se palpa en la calle.

Todos hemos sufrido algún tipo de delito o tenemos un familiar, un amigo o un compañero de trabajo que lo ha padecido, el cual en general no es denunciado por lo que pasa a integrar la denominada cifra negra de la delincuencia, de la que no hay ningún tipo de estadística estatal. Para la solución del problema de seguridad, debemos entender que los derechos humanos no son de izquierda ni de derecha, son del hombre en cuanto tal y no pertenecen a ningún partido político o ideología. Los Poderes Ejecutivo y Legislativo deben arbitrar medidas positivas para que las personas puedan gozar de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, porque ello necesariamente traerá como consecuencia un descenso de la delincuencia, considerando que si los ciudadanos poseen un trabajo estable, una vivienda digna, tienen acceso a una mejor educación y además por ello ejercen en toda su amplitud sus derechos civiles y políticos, se va a producir una mejora en la calidad de nuestras instituciones y un descenso en la cifra de los hechos ilícitos.

Para combatir seriamente al delito se debe instrumentar una realista política de estado en materia criminal que resista a los saludables cambios de gobierno que acontecen en todo sistema democrático. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha advertido que la violencia y la delincuencia afectan gravemente la vigencia del estado de derecho. En los últimos años se evidencia una constante violación a derechos fundamentales de los individuos, producidos por una alarmante cantidad de actos de violencia, y producto de la inseguridad ciudadana existente en el país. La seguridad es un derecho humano, así lo establecen los tratados internacionales de derechos humanos y la Constitución Nacional.

Dentro de las normas de los pactos internacionales constitucionalizados que preveen el derecho humano a la seguridad, está el Art. 3 de la declaración universal de derechos humanos el que contempla que: Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona; igualmente está reconocido en el Art. 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. La violación a algún derecho en los mencionados instrumentos internacionales por parte de nuestro país puede en su caso traer como consecuencia su responsabilidad frente a la comunidad internacional y por ende sanciones internacionales para el estado, que en definitiva estas terminan repercutiendo en el ciudadano.

El derecho a la seguridad ciudadana en un estado democrático de derecho consiste en el conjunto de garantías que debe brindar el estado a los ciudadanos para el libre ejercicio de todos sus derechos. El derecho a la seguridad es por ello un derecho fundamental, para todos y por igual, por lo que el objetivo último de las políticas públicas de seguridad desarrolladas por el estado para el logro de su efectiva garantía, no es el de la protección de una parte de la sociedad a costa de la marginación y criminalización de otras, sino el de la inclusión de la totalidad o de la gran mayoría de los ciudadanos en la construcción de pautas de convivencia democrática compartidas.

La inseguridad ciudadana es uno de los problemas más relevantes para la población argentina, de los países de la región y una de las principales sombras que ya amenazan la construcción de una convivencia y una cultura democrática. Se pone en alerta con
mucha insistencia sobre el aumento de tasas de violencia y del fenómeno de la criminalidad como el narco tráfico, el juego clandestino, la prostitución, la explotación de menores que afecta a la ciudadanía de todos los estratos sociales. Sin embargo, existe una carencia de habilidades evidente y constatada por parte de las instituciones del estado, de las herramientas y conocimientos para hacer frente al problema y responder a las legítimas demandas de seguridad de la ciudadanía sin tener que llegar a adoptar políticas autoritarias y contrarias a un estado democrático de derecho, fórmulas reiteradamente aplicadas que han generado mayor inseguridad.

Fuente:  mdz